Doble denuncia al fiscal Flores por los camioneros infectados de coronavirus

Los contagios positivos de coronavirus en Belén continúan sembrando cuestionamientos hacia el fiscal Jorge Flores por presunto tráfico de influencias. Por una parte, una letrada que es compañera de trabajo del funcionario judicial anticipó que lo denunciará para dilucidar quién es el propietario de la empresa transportista en la cual trabajan los camioneros que dieron positivo de COVID. Por otra parte, el edil Luis Guillermo Valdez, con patrocinio del estudio jurídico Allocco & Asociados, presentó una denuncia para abrir el proceso de enjuiciamiento al fiscal.

En primer lugar, y en diálogo con Radio A de Belén, la abogada Natalia Díaz, quien dio positivo de COVID, anticipó que formulará “la denuncia correspondiente”. “Firmemente, creo que se debe investigar” la titularidad de la empresa de transporte. “Se dice que la empresa es del fiscal, el fiscal es compañero de trabajo y no ni recibí una llamada”, dijo la letrada para acotar: “Si realmente es así, me parece detestable”.

“Voy a hacer la denuncia y si lamentablemente la persona responsable es mi compañero, el fiscal, lo lamento por él, porque voy a ir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo en el diálogo radial. La profesional del derecho contempló que hasta ayer “nadie nombró a la empresa por su nombre”. Además, evaluó como “incomprensible que el Fiscal no haya iniciado de oficio una investigación”.

Por su parte, el edil Valdez, en su presentación legal, indica que se debe abrir el proceso de enjuiciamiento a Flores por diferentes causales. Entre ellas, menciona un presunto tráfico de influencias, desconocimiento del derecho inexcusable, explícito y reiterado (varios hechos), actividades incompatibles con el artículos 202 de la Constitución Provincial (“actos que comprometen la imparcialidad y dignidad del cargo; varios hechos”) y por “grave desapego a los datos objetivos de las causas, falta de razón suficiente, prudencia y buen juicio, claramente indicativo de desempeño indigno de su condición de funcionario público y de la investidura que ostenta”.

Desde el estudio jurídico Allocco aclararon a este medio que si bien poseían varios casos, en total son ocho hechos los denunciados ya que fueron consignados aquellos valorados como de mayor gravedad, en el entendimiento de que por su contundencia son suficientes.

Además, explicaron que debido a la gravedad de algunos de ellos y frente al “peligro” que significa para la sociedad la continuidad de una mala praxis funcional del fiscal, se solicitó “la suspensión inmediata en sus funciones del fiscal denunciado”.

Fuente: El Esquiú.

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